El TSJ da la razón a la promotora de los macrodepósitos en el puerto de Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso presentado por la promotora del proyecto de macrodepósitos en el puerto de Alicante, XC Business 90, que recurrió la negativa del Ayuntamiento de Alicante de conceder la licencia ambiental para la primera fase, que incluiría seis macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.

Así figura en la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, fechada el 23 de abril, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo: «Estimamos el recurso planteado por XC Business 90 contra la sentencia dictada por el Juzgado contencioso-administrativo número 2 de Alicante que desestimaba el recurso frente a decreto del Ayuntamiento de septiembre de 2019, que resolvía denegar la solicitud vía silencio administrativo positivo».

El tribunal en su resolución, adelantada por este diario, subraya que la legislación vigente, además de otras sentencias, le lleva a concluir que «desde el punto de vista ambiental» no ve «obstáculo para la obtención del silencio administrativo positivo de la licencia de actividad». Eso sí, descarta, por la misma fórmula de silencio administrativo, conceder la licencia de obra mayor.

En la sentencia del TSJ se hace una clara alusión a un interior intento de llevar una infraestructura vinculada con el combustible a la primera línea del litoral de la ciudad: «El presente proceso tiene gran similitud con la sentencia de esta sala de abril de 2012, cuando se analizó el derecho a la instalación de una planta de biodiésel en el puerto que había sido denegada por el Ayuntamiento tras procedimiento de varios años».

El tribunal revoca ahora la sentencia de primera instancia y reconoce en consecuencia a la empresa promotora de los macrodepósitos en el puerto la licencia ambiental por silencio administrativo para una primera fase del proyecto. Desde el entorno de la empresa, cuando se inició el proceso judicial, se deslizó que exigirían unos cuatro millones de euros al año como indemnización por el retraso en la concesión de la licencia. 

El asunto llegó al TSJ hace ahora dos años, con el recurso de XC Business, tras la sentencia que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, avalando la denegación de la licencia urbanística por silencio administrativo. En el recurso ahora estimado, la empresa sostenía que la sentencia inicial no tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, «los derechos y garantías del administrado en el procedimiento administrativo de referencia». «El Juzgado de instancia no ha interpretado de forma ajustada a derecho los Fundamentos de Derecho de nuestra demanda, ni se ha pronunciado sobre la totalidad de los mismos, ni ha valorado correctamente la prueba documental practicada, dicho sea en términos de defensa», señalaba el recurso de la empresa, que también hacía referencia a que la «sentencia recurrida omite parte de los hechos relevantes».

La empresa, que desde hace una década trata de instalar la terminal para distribuir carburante, había demandado por la vía de lo Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento y a la empresa TMS, gestora de la zona logística donde XC Business pretende levantar, en una primera fase, seis depósitos para mover 112.549 metros cúbicos de hidrocarburo sobre una zona de 17.000 metros cuadrados en suelo portuario tras recibir el visto bueno del consejo de administración del Puerto.

En el recurso de la empresa, por otro lado, se subrayaba que «el momento temporal en el que debe entenderse completa la documentación del proyecto e iniciado el expediente es la fecha de su presentación, es decir, el 08 de febrero de 2013». «Formal y materialmente, el órgano sustantivo (en alusión al Ayuntamiento de Alicante) considera completamente subsanada la solicitud de las licencias ambiental y urbanística el 3 de septiembre de 2013», según añadían los promotores, que alegaban que «en cuanto a la aportación de la nota simple del Registro de la Propiedad sobre la titularidad de la parcela, resulta formal y materialmente imposible cumplir dicho requerimiento, por otra parte, innecesario para tramitar y resolver las licencias municipales, dada su naturaleza y efectos meramente informativos». 

Para los promotores, y así se refleja en el recurso ante el TSJ, «una vez transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dictar resolución, y producido el silencio positivo, el Ayuntamiento de Alicante únicamente podía haber dictado actos confirmatorios del referido silencio».

En el recurso, también se incidía en que si «el Ayuntamiento hubiese entendido que procedía la evaluación ambiental del proyecto y la emisión de Informe de Impacto ambiental, debería haber solicitado la correspondiente documentación desde el inicio a la mercantil y haber remitido la documentación pertinente en el expediente al Órgano Ambiental, cosa que el Ayuntamiento nunca ha hecho».

Con la sentencia del TSJ, se anula la resolución del juez de Alicante que rechazó la concesión de la licencia por silencio administrativo, incidiendo en que la tramitación seguía incompleta y requiriendo que el proyecto necesitaba evaluación ambiental, algo que la empresa aseguraba que no debía tener porque el movimiento no superaba las cien mil toneladas al año.

En una línea similar a la defendida por la empresa se pronunció la Abogacía de la Generalitat en un informe fechado el 3 de mayo de 2021, del que no se dio traslado a las partes hasta que PP y Vox llegaron a la Generalitat: «Un proyecto de las características del que nos venimos refiriendo debe entenderse que no requiere de declaración de impacto ambiental, estando de acuerdo con la opinión técnica del órgano ambiental competente en este caso, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental». Ese informe de la Abogacía de la Generalitat, eso sí, no era preceptivo ni tampoco vinculante.

Hasta la fecha, y mientras las partes esperaban la resolución del Tribunal Superior de Justicia, la empresa promotora inició en el Ayuntamiento los trámites previos a la solicitud de licencia de la segunda fase, que sería hasta seis veces más voluminosa que la inicial, al contar con doce recipientes (frente a seis) con capacidad para 600.000 metros cúbicos de hidrocarburos (respecto al máximo de 112.500 metros cúbicos de la primera fase), según fuentes de la mercantil XC Business 90 SL, desde donde sostienen que las fases son independientes. 

"Mala noticia para Alicante", según Barcala

Tras adelantar este diario la sentencia del TSJ favorable a los intereses de la empresa promotora de los macrodepósitos, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), calificó como «mala noticia» la resolución judicial: «Es una mala noticia para Alicante, ya que este equipo de gobierno ha defendido siempre, en todas las instancias y ante los tribunales, la no concesión de esa licencia. Ahora —según añadió— vamos a estudiar esta sentencia y las diferentes alternativas que se plantean en este momento, así como las actuaciones y decisiones a tomar. Y lo vamos a hacer pensando siempre en lo mejor para Alicante y los alicantinos. Es en este momento cuando se debe actuar con la mayor responsabilidad y obrando siempre en defensa de los intereses de Alicante».

Desde la izquierda, en general, el foco se volvió contra el gobierno de Barcala y el Consell de Mazón. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Barceló, mostró su disconformidad con la sentencia, entre críticas a los populares: «El grupo socialista ya trasladó al alcalde que no debía de esperar a la sentencia para sentarse a alcanzar un acuerdo con la empresa e, incluso, solicitar al presidente de la Generalitat que actuara y no se pusiera de perfil. Ni uno ni otro han movido ficha». Barceló subrayó que «con esta sentencia que da la razón a la empresa se cierra la puerta al posible acuerdo que las partes hubieran podido alcanzar, como ya lo hizo en su día Ángel Luna para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad». Además, consideró que Barcala «ha guardado silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria; autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón».

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, instó a que se convoque una «reunión urgente» antes del Pleno que tendrá lugar este jueves «para aprobar, nuevamente, la posición contraria del Ayuntamiento a los macrodepósitos». El portavoz de la formación valencianista instó a Barcala «a que se coordine con la Generalitat y Puertos del Estado y paralice esta actividad peligrosa e incompatible con la actividad del Puerto, la vida de los alicantinos y el recién presentado Palacio de Congresos». «La solución es, que el Ayuntamiento inste a la Generalitat a que se cumpla la distancia de seguridad de 1000 metros, todavía vigente en la Ley de Calidad Ambiental, que impulsó Compromís en el gobierno del Botànic», agregó.

El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, también se mostró contrario la sentencia y criticó a los jefes del Consell y del gobierno local: «Hemos llegado a este punto porque tanto Mazón como Barcala han estado de brazos cruzados. Por tanto, la responsabilidad política de haber llegado hasta aquí es del PP. Estos macrodepósitos son un proyecto que no convence ni a la sociedad de la ciudad, ni a sus instituciones ni a ninguno de los grupos políticos que formamos parte de este Ayuntamiento».

Desde Vox, su portavoz Carmen Robledillo mantuvo su rechazo al proyecto: «Lo primero que tenemos que decir es que, como no puede ser de otra manera, respetamos y acatamos las resoluciones judiciales. Nuestra postura es la de estar en contra de la instalación de los depósitos de combustible en el Puerto de Alicante y así seguirá siendo. Estamos con la ciudad y con los vecinos».